El artículo 35, fracción XX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), atribuye al titular de la Tesorería la facultad de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales. Por tanto, si éstas se presentan ante una autoridad incompetente, por ejemplo, una Administración Tributaria de la entidad, la cual, conforme al artículo 80 del mismo ordenamiento carece de facultades para resolver dichas solicitudes, no existe obligación de remitirlas a la autoridad que considere competente, pues la falta de contestación expresa dentro del plazo de cuatro meses genera la negativa ficta. En el mismo sentido, tampoco es obligación de la Sala que conozca de la negativa ficta a la solicitud correspondiente ordenarlo en su sentencia, debido al principio de congruencia, contenido en el artículo 126, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que en su modalidad externa la obliga a someter a su análisis sólo las cuestiones hechas valer ante ella.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 45/2016. Marcelo Héctor Scaglia Rosell. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Omar Mora Cuevas.