El Estado no tiene que ocurrir a los tribunales judiciales demandando la nacionalización de los bienes a que se refiere la fracción II del artículo 27 constitucional, ya que la propiedad de tales bienes pasa a la nación de pleno derecho; con lo cual queda excluida la necesidad de juicio previo, y al ordenar el mismo artículo que las acciones que competen a la nación, deben ejercitarse por el procedimiento judicial, sólo puede referirse a aquellos casos en que ésta necesite ejercitar una acción, pero no a los que, por haber adquirido el dominio de un bien por mandato constitucional, no se requiere el ejercicio de acción alguna.

Amparo administrativo en revisión 5288/36. Muro María Isabel del. 11 de mayo de 1938. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Jesús Garza Cabello.