Si bien es cierto que el derecho humano a la propiedad se encuentra protegido conforme al contenido relacionado de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que no puede soslayarse que la orden de privar de la vida a un animal por representar un riesgo para la salud pública es una medida trascendental y extraordinaria; de ahí que se actualiza la excepción al principio de definitividad en el amparo promovido en su contra por transgresión al derecho humano a la propiedad, aun cuando el quejoso, además de alegar violaciones directas a la Constitución, haya argumentado la incorrecta aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, fracción XVI, 16, fracciones II, IV, VII, X, XII, XIV, 20, 21, 23, 30 y 36 de la Ley Federal de Sanidad Animal por parte de las autoridades administrativas, pues el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al establecer que únicamente se deben alegar violaciones directas a la Constitución, no prohíbe o limita técnica o metodológicamente la forma y los términos argumentativos mediante los cuales el particular debe cumplir con esta exigencia, aunado a que la protección de la vida debe hacerse extensiva a los animales, en términos del artículo 1o. constitucional, al no existir referente que permita obviar lo extremo de la medida y asegurar, a su vez, no sólo la garantía de audiencia del propietario mediante el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo, sino la pronta e inmediata resolución de la litis, ya que el parámetro de regularidad constitucional no puede desvincularse al momento de verificar la afectación de los animales, aun cuando sean considerados como un bien semoviente.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/2016. Roberto Luis García González y otros. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Carlos Bahena Meza.