La dependencia de los seres humanos al medio ambiente provocó que se reconociera a éste como un valor indispensable para la vida social, cuya preservación posibilita la efectividad de otros derechos, con la consecuente obligación del Estado de garantizarlo, incluso a través del derecho penal, sin que por su carácter colectivo pueda quedar sujeto a disposición individual. En ese sentido, los daños ocasionados por delitos contra el ambiente generalmente son irreparables, por lo que es constitucionalmente válido que su protección se realice no sólo a través de tipos penales que atiendan a su efectiva lesión, sino también al "riesgo" de sufrirla, es decir, a través de descripciones típicas cuya actualización no requiere que la conducta del sujeto activo haya ocasionado materialmente un daño al medio ambiente, sino que es suficiente que lo ponga en peligro.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 71/2016. J. Eliceo García Pérez. 23 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.