Tanto en el sistema penal tradicional como en el acusatorio, el Ministerio Público es el encargado de aportar al juzgador los medios de prueba y datos de prueba, respectivamente, relacionados con la acreditación del delito y la participación del inculpado o imputado en su comisión. En este sentido, en la primera etapa, la actuación del Ministerio Público se constriñe a la integración de la investigación para aportar datos suficientes al juzgador, con la finalidad de lograr, en etapas posteriores, una acusación y sentencia condenatoria. De lo que se colige que si en una demanda de amparo el acto que se reclama consiste en la difusión de la información relacionada con operativos, detenciones, actuaciones, averiguaciones previas, carpetas de investigación, proporcionada a los medios de comunicación por la autoridad responsable (presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos), correspondiente a la primera etapa del procedimiento penal, no puede considerarse que se trate de un acto materialmente penal, porque estas actuaciones no orbitan en la facultad punitiva del Estado, sino, en todo caso, son actos de naturaleza administrativa, que deben ser estudiados por un Juzgado de Distrito de esa materia, ya que no inciden en la finalidad que tienen los procesos penales, de integrar la averiguación previa o la carpeta de investigación, para continuar el procedimiento y concluir con una sentencia.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Conflicto competencial 10/2017. Suscitado entre los Juzgados Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, ambos de la Ciudad de México. 6 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretario: José Vicente Díaz Vivaldo.