Si por un edicto que se manda publicar por la misma autoridad que está llevando a cabo un remate, aparece que no fueron citados los acreedores interesados en la finca, resulta que el propio funcionario estimó que era necesaria la citación y si alguno de dichos acreedores se queja porque no se le citó, está en lo justo y por tanto procede otorgarle la protección constitucional.

Amparo administrativo en revisión 4529/31. Quiroga Pablo. 6 de noviembre de 1933. Unanimidad de cinco votos. Relator: Daniel V. Valencia.