La orden dictada por un Juez, dentro de un proceso o averiguación penal, que manda se entregue a un depositario nombrado por la misma autoridad, un semoviente que fue robado, y del que se dicen legítimos propietarios el denunciante y también una tercera persona, no vulnera ninguna garantía en perjuicio del denunciante, porque esta providencia no afecta su derecho de propiedad toda vez que el depositario lo poseerá en nombre del legítimo propietario, mientras se dilucida quién tiene realmente ese carácter.

Amparo en revisión 2495/33. Manuel Fernández. 1o. de febrero de 1935. La publicación no menciona el sentido de la votación ni el nombre del ponente.