Con motivo de la reforma a ese precepto, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016, en vigor a partir del 1 de enero siguiente, se disminuyó de 1 a 0.8 el porcentaje de reducción del valor de la construcción por cada año transcurrido desde que ésta se terminó o desde la última remodelación que hubiere afectado a por lo menos un 30% de la superficie construida, considerando todas las plantas del inmueble, para determinar la base gravable del impuesto predial; sin embargo, esa medida legislativa no puede examinarse aisladamente, a efecto de establecer si transgrede el principio de justicia tributaria mencionado, pues el esquema de reducción del valor de la construcción tiene como referente cuantitativo real el porcentaje máximo de aminoración autorizado, el cual, desde la entrada en vigor del Código Fiscal de la Ciudad de México, ha sido de 40%; de ahí que la disminución en 0.2% del factor de reducción señalado, por sí sola, no puede dar lugar al examen de constitucionalidad referido, pues lo relevante es que el porcentaje máximo que el contribuyente podrá reducir en forma acumulativa respecto del valor de la construcción del inmueble no ha variado y, en todo caso, la medida legislativa trasciende a un aspecto temporal, no cuantitativo, en tanto que bajo el esquema del 1% anual, hubieran sido necesarios cuarenta años para alcanzar el límite máximo, mientras que bajo el parámetro del 0.8% se requerirían cincuenta pero, en ambos casos, el referente límite es el mismo.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 179/2017. Jorge Davidsohn Distel. 14 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Amparo en revisión 198/2017. María Eugenia Alcocer Cajiga. 14 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.