La adecuada interpretación del artículo 1390 Bis 12 del Código de Comercio, que prevé la facultad del juzgador de requerir al actor para que subsane las irregularidades o aclare aquellos aspectos que se consideren oscuros del escrito de demanda, o bien para que cumpla con alguno de los requisitos que establece el artículo 1390 Bis 11 de la misma legislación, específicamente de la fracción VI de este último numeral, no debe hacerse como una forma de obstaculizar la impartición de justicia, al imponer prevenciones que resultan innecesarias a los justiciables, pues la citada facultad se creó por el legislador, al igual que todo el sistema jurídico del juicio oral mercantil, para resolver las controversias entre comerciantes de manera pronta y expedita, atendiendo a los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. De ahí que conforme al principio pro persona que se encuentra contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el derecho fundamental de acceso a la justicia que prevé el artículo 17 de la propia Carta Magna, la prevención formulada para que el accionante señale cuál es la clase de acción intentada y cite el fundamento legal aplicable en el caso concreto, debe interpretarse como una condición deseable cuya falta u omisión no determina la improcedencia de la demanda, pues no se trata de una condición insalvable que impida al demandado defenderse o que impida fijar la litis del juicio.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 77/2018. Jorge Torres Vera. 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: Jesús Julio Hinojosa Cerón.