El término de treinta días concedido por la Ley de Amparo, para interponer la demanda contra una ley, no se ha dado para los actos de carácter administrativo o jurisdiccional emanados del Poder Legislativo, sino exclusivamente para las leyes que tienen un principio de ejecución, que se realiza por su existencia misma, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta de esos preceptos.

Amparo administrativo en revisión 6318/38. Escudero Teófilo. 16 de noviembre de 1938. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín Gómez Campos.