Si se reclama en amparo el acuerdo de un Ayuntamiento, en el sentido de cesar en sus funciones a un miembro de la misma corporación y de que se llame al suplente, deben entenderse reclamadas sus consecuencias; se trata de actos de tracto sucesivo por lo cual procede conceder la suspensión, si no obra constancia alguna que demuestre que el cese es la consecuencia de una averiguación criminal, por lo cual debe suponer que se trata de una medida arbitraria de la autoridad administrativa, y es de orden público que continúen funcionando los miembros que integran un Ayuntamiento Constitucional, sin que puedan ser depuestos de su cargo, sino mediante los procedimientos que en cada caso fije la constitución local y las leyes relativas y lejos de seguirse perjuicio al interés social, éste estriba en que desempeñan sus funciones las autoridades de elección popular, y en cuanto a la privación de los emolumentos del quejoso, es una consecuencia necesaria del caso del cargo que desempeña, por lo cual también cabe dentro de los efectos de la suspensión.

Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 1673/37. Enríquez Filiberto. 4 de agosto de 1937. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.