Si se reclama en amparo la orden del jefe de tránsito de un lugar, para que el quejoso retire de la circulación al servicio público, un automóvil, y esa orden tuvo por objeto limitar el número de automóviles de alquiler, en virtud del convenio celebrado entre la presidencia municipal y un sindicato de choferes, la suspensión debe concederse, supuesto que no puede decirse que la medida perjudica el interés general, ya que sólo se trata de intereses de particulares; sin que sea de tomarse en cuenta la alegación de que el acto reclamado se dictó con el fin de proteger a los choferes y de que el quejoso es un comerciante que no explota por sí mismo el automóvil que trata de darse de baja, porque esa contienda no afecta al interés público.

Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 7232/36. Martínez Alberto. 19 de enero de 1937. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.