Conforme a los artículos 1, numeral 1 y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en caso de que se actualice una violación a un derecho o libertad protegido, se impone garantizar al lesionado en el goce del derecho o libertad conculcado, así como la reparación de las consecuencias de la medida o situación que haya vulnerado. Por otro lado, en el diverso artículo 4 de ese instrumento internacional se protege a la vida desde su concepción; sin embargo, vulnerado este derecho mediante su privación, no es el caso de restituirlo, pero sí se impone garantizar a los familiares del extinto o quien resulte con el carácter de ofendido la reparación de las consecuencias de esa privación del derecho a la vida, pues se actualiza un daño moral a éstos. Ahora bien, si se parte de que la vida es un bien incuantificable en dinero, el hecho de que la reparación del daño moral esté regulada en la legislación nacional, no agota la obligación estatal contraída internacionalmente conforme a la Convención referida, pues dicha regulación debe permitir que esa indemnización pueda ser particularizada a las circunstancias del caso concreto, a fin de que se estime de carácter integral.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 171/2017. 15 de noviembre de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Selina Haidé Avante Juárez. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 171/2017 y el voto particular de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de junio de 2018 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, páginas 3134 y 3186, respectivamente.