De la interpretación sistemática y funcional de los criterios sobre el nombramiento de los juzgadores, establecidos tanto por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 73, fracción XXIX-H y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se colige que la designación y ratificación de los Magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas de dicho órgano jurisdiccional están sujetas a una motivación reforzada, criterio desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en principio, sobre actos o normas provenientes de los Poderes Legislativos, proyectándose luego como canon de control constitucional sobre el resto de las ramas del ordenamiento jurídico y, en particular, sobre el control de las decisiones judiciales y administrativas producidas en el contexto del orden social, por lo cual esa exigencia se ha desplazado a temas como el nombramiento y ratificación de los servidores públicos designados para integrar órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, en atención a la naturaleza de las funciones de los juzgadores señalados y debido al interés de la sociedad en general de que los tribunales se integren con las mejores mujeres y hombres, con el perfil idóneo para ejercer la función de impartición de justicia en el marco del nuevo sistema de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 311/2018. Presidente de la República y otros. 4 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Héctor Reyna Pineda.