Los juzgadores de amparo no tienen atribuciones para realizar oficiosamente gestiones ante la autoridad responsable, a fin de acreditar algún requisito de la demanda de amparo indirecto, o bien alguna causa de improcedencia, antes de pronunciarse sobre su admisión o desechamiento, pues los artículos 113, 114 y 115 de la Ley de Amparo, únicamente los facultan para hacer requerimientos al quejoso, a fin de aclarar y/o subsanar las deficiencias, omisiones o irregularidades que adviertan en el propio escrito de demanda. Así, aunque es verdad que, por principio, las causas de improcedencia deben ser indagadas de oficio, no es oportuno hacerlo antes de acordar lo conducente, en cuanto a la admisión o desechamiento que proceda, dado que, en ese estadio procesal, si el juicio de amparo es improcedente, es porque la causa manifiesta e indudable deriva del propio escrito de demanda y, en su caso, de las constancias anexas a éste, de modo que no se satisface lo anterior, cuando se realizan gestiones para arribar a dicha convicción.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 175/2017. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretario: Víctor Manuel Cruz Cruz.

Queja 15/2018. 23 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretaria: Guadalupe Martínez Luna.

Queja 182/2018. 6 de diciembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretaria: Elizabeth Vargas Solórzano.

Queja 82/2019. 20 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Taissia Cruz Parcero. Secretaria: Rebeca Castillo Negrete.

Queja 132/2019. 5 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretaria: María Manuela Ferrer Chávez.