El artículo 77 Bis 38, fracciones IV y X, de la Ley General de Salud prevé la obligación de los beneficiarios del sistema de salud de colaborar con los médicos, informándoles verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, así como hacer uso responsable de los servicios relativos. Por su parte, el principio 9 de la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente establece la responsabilidad personal de cada individuo por su propia salud. En estas condiciones, cuando un paciente es diagnosticado oportunamente con una enfermedad crónico degenerativa, pero los médicos de la institución de salud pública correspondiente no realizan las gestiones para que reciba el tratamiento médico y el control requeridos y años después sufre un daño en su salud como consecuencia de la complicación del padecimiento, así como de su omisión de solicitar la atención médica adecuada, no puede considerarse que se actualice una responsabilidad exclusiva del Estado, pues el daño reclamado derivó tanto de la omisión de canalizar al paciente para que tuviera el tratamiento correspondiente, como de la de éste, al no haber solicitado esa atención médica oportunamente y hacer uso responsable de los servicios de salud a los que tenía derecho. Por tanto, al ser ambas partes cocausantes del daño sufrido, son corresponsables en partes iguales, en términos del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 349/2019. José Antonio Cervantes Islas. 14 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Lorena Badiano Rosas.