El principio que establece la presunción de legalidad de los actos administrativos, dejando la prueba en contrario a cargo del causante, no tiene un carácter absoluto, pues la administración está obligada a demostrar que el acto de constatación ha sido dictado legítimamente, de conformidad con los elementos materiales recogidos por ella en la forma requerida por la ley. Expediente Número 10/10/937. Resolución del Pleno de 22 de julio de 1937. Contradicción entre los expedientes 1057/937 y 1193/937.NOTA: ESTA TESIS SE HA PUBLICADO EN COMPILACIONES ANTERIORES CON LA CLAVE I-J-12