Es causa de anulación para el Tribunal siempre que la misma se haga por la autoridad, atribuyendo a un hecho determinado una consecuencia jurídica improcedente, por lo que, cuando se limita a tener por comprobados los hechos confesados o reconocidos por el causante, no puede afirmarse que haga una aplicación inexacta de la Ley, por fijación inexacta de la situación de hecho. Expediente Número 5867/937. Maximino García Vs. Oficina Federal de Hacienda en Tlalnepantla, Méx. México, D.F., julio 8 de 1937. Resolución definitiva de la 2a. Sala.