Tiene como efecto evitar la ejecución de los actos reclamados por las autoridades responsables, y en consecuencia, como la sentencia de amparo tiene efectos retroactivos, dejando las cosas en el estado en que se encontraban antes del acto violatorio si se concede la protección constitucional, o borrando los efectos provisionales de la inejecución del acto derivado de un acuerdo de suspensión, si se niega o sobresee; por lo que es indudable que, en las últimas hipótesis consideradas, procede el cobro de recargos sobre el crédito fiscal a partir de la fecha de la demanda de amparo, si la suspensión de los actos reclamados se logra mediante depósito en el Banco de México y no en la Tesorería de la Federación, ya que el dinero se aplicó entonces a fines distintos de los de cubrir las necesidades públicas. Expediente Número 20503/937. Consolidated Oil Companies of Mexico, S.A., Vs. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, D.F., septiembre lo. de 1937. Resolución definitiva de la 3a. Sala.