Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la competencia para conocer del amparo indirecto promovido en contra de los artículos referidos, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa o a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Criterio jurídico: La competencia para conocer del amparo indirecto promovido en contra de los artículos 79, 119 y noveno transitorio de la Ley del Sector Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, ya que la naturaleza de esas normas no incide en el sector energético ni en aspectos de competencia y libre concurrencia.

Justificación: Los artículos citados no influyen de manera alguna en la competencia y libre concurrencia del sector de hidrocarburos, pues aunque se encuentran enmarcados en el sector energético, no tienen relación directa ni indirecta con precios o tarifas, ni protegen el proceso de competencia y libre concurrencia. Tampoco establecen parámetros de prevención y eliminación de monopolios o prácticas monopólicas ni otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes o servicios en el sector de hidrocarburos.

Es decir, no inciden en los temas de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y, por ende, no se requieren conocimientos técnicos especializados, pues regulan: 1) las facultades administrativas genéricas dentro de procedimientos administrativos y de sanción; 2) las obligaciones que deben cumplir las personas permisionarias en el ejercicio de sus funciones; y 3) un régimen de transición para la presentación de solicitudes y procedimientos, que no tienen que ver con la fijación de los precios o las tarifas de los productos petrolíferos, petroquímicos o de hidrocarburos, ni de los servicios de los participantes del mercado regulado constitucionalmente o métodos para determinarlos.

Por el contrario, únicamente establecen temas correspondientes a la materia administrativa genérica y, por ende, su estudio no requiere conocimientos específicos o especializados.

Lo anterior, siempre y cuando no exista un acto de aplicación que requiera un conocimiento técnico de los Tribunales Especializados en dicha materia, pues en estos casos, se debe analizar el caso en concreto para determinar la competencia del órgano jurisdiccional.

PLENO.