Hechos: Un grupo de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+ reclamó, en amparo indirecto, de la persona titular del Ejecutivo y de la Legislatura, ambos del Estado de México, la omisión de incluirles expresamente en alguna partida del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2023, destinada a promover, respetar, proteger, garantizar y restituir sus derechos fundamentales.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que bajo el principio de buena fe es suficiente que un grupo de personas se reconozcan y autoadscriban como integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en los procedimientos jurisdiccionales, para que sean consideradas como parte integrante de ésta.

Justificación: Los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 5 y 10 de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia garantizan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual conlleva el reconocimiento de los derechos a la identidad personal, sexual y de género. Bajo el principio de buena fe, la sola manifestación de les quejoses como integrantes de la población LGBTIQ+ es suficiente para justificar su autoadscripción. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, al sostener que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues están vinculadas con el concepto de libertad y la facultad de toda persona para autodeterminarse y elegir, de manera libre, las opciones y circunstancias que dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 398/2023. 13 de junio de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Édgar Salgado Peláez.