Hechos: Una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades presentó queja ante la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México por actos de violencia de género cometidos por otro compañero, ambos adolescentes. Sustanciado el asunto, el director del plantel impuso medidas de protección y suspendió por seis meses los derechos escolares del estudiante acusado. Asimismo, una vez remitido el asunto al Tribunal Universitario, éste determinó que el alumno incurrió en una responsabilidad disciplinaria grave por actos de violencia psicológica, sin que hubiera quedado acreditada la violencia sexual, por lo que confirmó la suspensión impuesta por la Dirección del plantel. El estudiante promovió en su contra amparo indirecto. El Juzgado de Distrito lo negó al estimar que la resolución universitaria estaba debidamente fundada y motivada. De igual manera consideró que se había respetado el derecho de audiencia del quejoso y que la sanción era proporcional y justificada conforme a la normativa aplicable.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando las personas juzgadoras analizan casos de violencia de género contra niñas, niños o adolescentes en contextos educativos corresponde realizar un escrutinio estricto.

Justificación: La obligación constitucional de velar por los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente cuando concurren las categorías sospechosas a que alude el artículo 1o. constitucional, como el sexo y la edad, justifica la necesidad de realizar una protección reforzada a través de un escrutinio estricto, a fin de evaluar el entorno en el que ocurrieron los hechos y las dinámicas sociales que los rodean y, de este modo, evitar resoluciones que perpetúen condiciones de discriminación o desprotección.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 520/2023. 23 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Édgar Salgado Peláez.