Conforme a lo establecido por el artículo 152 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables tienen obligación de expedir a las partes en el juicio de amparo, las copias o documentos que soliciten a fin de rendirlos en la audiencia constitucional; sin que dicho mandato haga distinción de si son públicos o se guardan en sigilo y, por tanto, esta última circunstancia no justifica el argumento invocado por el recurrente en el sentido de estar imposibilitado para allegarlos, por lo que debe concluirse que estuvo en aptitud legal de pedir al juez responsable la expedición de constancias a fin de cumplir con la carga procesal de acreditar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 416/91. Francisco Pérez Morales. 30 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Valdés García. Secretaria: Patricia Mújica López.

Amparo en revisión 84/92. Serapio Méndez Mondragón. 13 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Valdés García. Secretaria: Patricia Mújica López.