El cumplimiento de los decretos que obligaban a recibir papel moneda y que penaban el hecho de negarse a recibirlo en pago, no puede considerarse como un acto ejecutado bajo intimidación, porque el cumplimiento de las leyes no puede tener tal carácter, y sólo puede llevarse a cabo, mediante medidas coercitivas que el legislador está obligado a dictar, para su debido acatamiento.

Amparo civil directo. Molina Olegario. 2 de abril de 1924. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.