Hechos: En un juicio especial relacionado con transacciones comerciales y arbitraje, un Juez civil dictó diversas medidas cautelares que, entre otros efectos, impusieron obligaciones contractuales, restringieron el uso de marcas, actividades comerciales y paralizaron un procedimiento arbitral.

La parte afectada promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión definitiva, la cual fue negada por el Juez de Distrito con base en consideraciones genéricas relativas al orden público y a la improcedencia de suspender providencias precautorias. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Procede la suspensión en el juicio de amparo contra providencias cautelares que impiden la continuación del arbitraje o la emisión del laudo, al ser dicho arbitraje una institución del orden público e incidir directamente en el derecho de acceso a la justicia, en la autonomía de la voluntad de las partes y en el principio de mínima intervención judicial que rige al sistema arbitral.

Justificación: El arbitraje constituye un medio alternativo de solución de controversias con reconocimiento constitucional y convencional, cuya eficacia depende del respeto a la voluntad de las partes y en el principio de mínima intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado. En ese sentido, conforme al criterio emitido por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XXXVI/2017 (10a.), de rubro: “ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008.”, su desarrollo no puede quedar sujeto a injerencias judiciales que desnaturalicen el mecanismo arbitral elegido por las partes.

Los procedimientos arbitrales, lejos de ser ajenos al orden público, se encuentran comprendidos dentro de éste, en tanto constituyen medios alternativos de solución de controversias expresamente reconocidos y protegidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, las medidas cautelares que paralizan el procedimiento arbitral o impiden la emisión del laudo no preservan la materia del litigio, sino que atentan contra el orden público al anular el mecanismo elegido por las partes para resolver la controversia, lo que genera una afectación directa al derecho de tutela judicial efectiva. Por ello, cuando tales medidas hacen nugatorio el arbitraje pactado, la suspensión en amparo procede, pues lo contrario implicaría desconocer un mecanismo de acceso a la justicia y del orden público constitucionalmente protegido.

En consecuencia, la persona juzgadora debe ponderar el caso concreto y si la subsistencia de las medidas impugnadas ocasiona una afectación mayor al interés social, al producir un efecto inhibitorio sobre el acceso a la justicia arbitral, procede la suspensión en el juicio de amparo.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.