Hechos: Una persona fue condenada por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria agravado previsto en el artículo referido, por haber realizado depósitos mensuales en cantidades inferiores a la pensión alimenticia provisional fijada por resolución judicial en favor de su hija menor de edad. La condena fue confirmada y actualizada en segunda instancia.

Contra la resolución relativa el sentenciado promovió amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito le concedió la protección constitucional al considerar que el tipo penal únicamente sanciona el incumplimiento absoluto de la obligación alimentaria y no el parcial.

La madre de la persona menor de edad, como tercera interesada, interpuso recurso de revisión en el que argumentó que esa interpretación se contrapone con distintos criterios de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se estableció que el solo incumplimiento injustificado de los deberes alimentarios debidos por disposición judicial encuadra estrictamente dentro de la descripción típica del delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Criterio jurídico: El incumplimiento parcial o total de la pensión alimenticia fijada por resolución judicial, sin motivo justificado, actualiza el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en su modalidad agravada, en términos del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, porque el texto del tipo penal no distingue si dicho incumplimiento debe ser total o parcial, con lo cual no vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.

Justificación: El principio de exacta aplicación de la ley penal exige que la persona juzgadora aplique la norma tal como fue prevista por el órgano legislativo. El artículo 201 citado establece que incurre en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de la persona acreedora alimentaria.

En ese sentido, la expresión normativa "no proporcione" comprende cualquier incumplimiento injustificado de la obligación, sea total o parcial. Si el órgano legislativo hubiera querido limitar la sanción únicamente al incumplimiento total, lo habría previsto expresamente. La interpretación que restringe el tipo penal al incumplimiento absoluto introduce una distinción no prevista en la norma que vulnera el principio de legalidad.

Lo anterior es congruente con las jurisprudencias 1a./J. 49/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2010, conforme a las cuales basta con que la persona obligada deje de proporcionar los medios de subsistencia sin causa justificada para que se configure el tipo penal, sin que se hubiese distinguido entre incumplimiento total o parcial.

PLENO.