Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del Código Número 734 Hacendario para el Municipio de Tlapacoyan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 22 de agosto de 2024, en la que impugnó el artículo 195, primer párrafo, en la porción normativa "los certificados o copias certificadas en hojas de mayor dimensión o mayor número de renglones causarán doble cuota", así como el diverso 225, fracción II, de dicho ordenamiento, al estimar que establecen cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de expedición de copias y certificaciones, cuando las hojas exceden determinadas dimensiones o número de renglones, en violación al principio de proporcionalidad tributaria.

Criterio jurídico: Las normas que prevén el cobro de derechos municipales por la expedición de copias o certificaciones cuya base son las dimensiones de las hojas, el número de renglones, formato de texto o su disposición en la hoja, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, pues se basan en elementos que no guardan una relación razonable con el costo real del servicio prestado.

Justificación: El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las contribuciones denominadas derechos deben guardar proporcionalidad con el costo del servicio prestado y aplicarse en condiciones de igualdad a quienes reciban el mismo servicio.

En el caso del artículo 195 del código hacendario impugnado, la previsión de una doble cuota cuando las hojas excedan determinadas dimensiones o número de renglones introduce un parámetro ajeno al costo efectivo de los insumos utilizados para la expedición o certificación, pues el tamaño del documento o la extensión del texto no necesariamente implican un incremento proporcional en el uso de materiales o recursos públicos.

Por su parte, el artículo 225, fracción II, del mismo ordenamiento establece tarifas diferenciadas para copias de documentos que obran en archivos municipales, distinguiendo según el formato del texto —a doble o un solo espacio— o su disposición en la hoja —por una o ambas caras—, sin que tales elementos reflejen un incremento real en el costo de papel, tinta, energía eléctrica o trabajo administrativo.

En ambos casos, el legislador local utilizó criterios desvinculados del costo objetivo del servicio, lo que impide advertir una relación razonable entre el monto exigido y el gasto público erogado para su prestación.

PLENO.