RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.- CARECE DE FACULTADES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTEMPLA SU CREACIÓN Y ESFERA DE FACULTADES EN DISPOSITIVO LEGAL O REGLAMENTARIO ALGUNO.- El principio de reserva de ley en materia de competencia, significa que sólo mediante una ley se puede atribuir a un órgano de autoridad la potestad para manifestar la voluntad del Estado; sin embargo nuestro orden jurídico permite al Reglamento Interior de cada Secretaría de Estado provea en la esfera administrativa, completando la distribución de competencia entre las dependencias de la misma Secretaría, sin desbordar la atribuida por la ley. De esta forma, para juzgar la competencia de un servidor público se debe valorar su actuación conforme a la ley y/o reglamento que él mismo invoque como fundamento en el acto de molestia que notifique al gobernado. En este orden de ideas, si de la revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, vigente en 1997, se concluye que en su texto no se contempla al Director de Responsabilidades adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, ni tampoco se establece su órbita de atribuciones, aunado a que no existe precepto legal alguno que le confiera existencia legal ni facultad alguna, es dable concluir que la citada Dirección de Responsabilidades de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, es una autoridad incompetente jurídicamente, en virtud de que es de explorado derecho que una autoridad en nuestro sistema jurídico debe ser creada y obtener sus facultades mediante un acto formal y/o materialmente legislativo, dictado por el Congreso de la Unión a través de la creación de leyes, o por un acto del Titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de la facultad reglamentaria. (1) Juicio No. 2826/99-11-05-9/2/99-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de junio de 2001, por mayoría de 6 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta. (Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2002)