REALICEN LOS AGENTES PÚBLICOS FUERA DE SUS ATRIBUCIONES COMPETENCIALES, NO SON IMPUTABLES AL ESTADO.- (Legislación vigente hasta el 12 de junio de 2009).- La imputación de un daño antijurídico al Estado exige tres condiciones o requisitos fundamentales: I. La acción u omisión de su actividad o función administrativa expresada indistinta o concurrentemente en forma de actos y hechos administrativos; II. La relación del Estado y sus agentes por virtud de la cual quedan éstos integrados a la organización prestadora de actividades o servicios correspondientes a aquél, debemos entender que todos aquellos hechos o actos que realicen los agentes públicos fuera de sus atribuciones competenciales, no podrán ser imputables al Estado y, en consecuencia, deberán ser directamente atribuibles a los servidores públicos que con su actuar u omitir hayan producido el daño respectivo; III. La titularidad del Estado respecto de la actividad administrativa o servicio público que preste a través de sus agentes. Consecuentemente, si el análisis de las publicaciones en que apoya su pretensión el reclamante revela que no constituyen actos o hechos administrativos, esto es, no exteriorizan la voluntad administrativa del Estado, porque al analizar el Estatuto Orgánico que rige al organismo público descentralizado de quien se reclama la indemnización, no se desprende la existencia de una autoridad denominada "JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y APODERADO LEGAL", de ahí que los actos realizados por el aludido servidor público, provienen de una autoridad inexistente y por tanto no le son imputables a dicho organismo público descentralizado. Esto es, no constituyen una actuación material o de operación física de un órgano de la administración pública en ejercicio de sus atribuciones; aunado a lo anterior, tampoco se realizó bajo un orden jurídico creador de situaciones jurídicas individuales y mucho menos revestidas de cierta formalidad. Por el contrario, dada la naturaleza de las publicaciones periodísticas, se trata de un acto realizado por un funcionario fuera de sus atribuciones competenciales y por ende no imputable a la administración pública, por lo que no se configuran los elementos de la imputación de un daño antijurídico al Estado.