IMPLICA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE INDEMNIZAR AL PARTICULAR.- En los términos del artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional contenciosa-administrativa no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Lo anterior atiende a que si bien tal nulidad o anulabilidad pueden constituir una actividad administrativa irregular del Estado, lo cierto es que además de ese elemento, el particular debe acreditar la existencia de un daño y/o perjuicio sufrido en sus bienes o derechos, así como el nexo causal entre la actividad administrativa irregular del Estado y ese daño y/o perjuicio; por ello, solo cuando quedan acreditados todos los elementos aludidos, es cuando se puede establecer la obligación a cargo de la autoridad de pagar una indemnización por la actividad administrativa irregular en que incurrió. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35/15-QSA-3.- Expediente de Origen Núm. 2490/13-10-01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del