MULTAS DE APREMIO IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.- Las respuestas, resoluciones, acuerdos de trámite o recomendaciones que puede emitir unilateralmente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pueden clasificarse en dos tipos, uno integrado por aquellas que no tienen carácter imperativo -entre otras las dispuestas por los artículos 5, penúltimo párrafo, y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente-, y otro, integrado por las sanciones administrativas que ese organismo impone a los servidores públicos como medidas de apremio -dispuestas por el artículo 28 de la Ley citada- las cuales son vinculantes e imperativas al tratarse de la manifestación de la potestad punitiva del Estado. Bajo ese tenor, es de considerarse que las limitantes dispuestas en los artículos 5, penúltimo párrafo, y 25, último párrafo, del referido ordenamiento jurídico, en el sentido de que las respuestas que emita ese organismo a los contribuyentes no podrán ser impugnadas y que en contra de los acuerdos, recomendaciones y resoluciones no procede recurso alguno, por lo que tales limitantes solo resultan aplicables a aquellos actos unilaterales que carecen de carácter imperativo para los contribuyentes y autoridades que intervienen. Ahora bien, de una interpretación sistemática y conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 17 constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las prohibiciones referidas no resultan aplicables a las medidas de apremio, ya que al tener el carácter de imperativas en tanto que crean o modifican situaciones jurídicas concretas imponiéndose una carga al servidor público sancionado, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del