LEGALIDAD.- En el procedimiento administrativo sancionador resulta aplicable el principio de presunción de inocencia, por lo que, la carga de la prueba corre a cargo de la autoridad y no del actor [supuesto infractor]. Por tanto, si bien la resolución impugnada tiene presunción de legalidad, lo cierto es que también rige el principio de presunción de inocencia, de ahí que las pruebas testimoniales en que se sustenta no tengan pleno valor probatorio, sino que son indicios, al no haber sido adminiculadas con otras pruebas, lo cual es suficiente para desvirtuar dicha presunción de legalidad. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2516/16-13-01-5.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del