Hechos: Una madre, en representación de su hijo menor de edad diagnosticado con trastorno del espectro autista promovió juicio de controversia del orden familiar solicitando que los abuelos paternos asumieran la obligación alimentaria ante el incumplimiento reiterado del progenitor obligado, quien había dejado de proporcionar la pensión previamente fijada.
En primera instancia se absolvió a los abuelos paternos de la prestación reclamada. Se consideró que no había imposibilidad para proporcionar alimentos, decisión que fue confirmada en apelación bajo el argumento de que la obligación subsidiaria prevista en el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México sólo se actualiza cuando existe una imposibilidad absoluta de ambos progenitores, entendida como incapacidad física o mental total para allegarse de medios de subsistencia. Inconforme, la madre promovió amparo directo. Alegó que dicha interpretación desconocía el estado de necesidad del niño, su condición de discapacidad y el deber de juzgar con perspectiva de infancia y discapacidad, al exigir un estándar de imposibilidad no previsto en la norma para activar la obligación alimentaria subsidiaria de los ascendientes.
Criterio jurídico: El derecho de alimentos tratándose de personas menores de edad con discapacidad comprende medidas de habilitación, rehabilitación, desarrollo integral, eliminando barreras para garantizar su participación plena en la sociedad bajo condiciones de igualdad, evitando reducir su contenido a una cuestión formal.
Justificación: En atención al deber reforzado de las personas juzgadoras que imponen los parámetros constitucionales y convencionales en relación con el derecho a los alimentos, éstas deben verificar que el derecho sustantivo se satisfaga y garantice de manera integral y efectiva, analizando desde la perspectiva del derecho de quien los requiere y siempre de forma congruente con su objeto, es decir, asegurar que la persona menor de edad nazca, crezca y se desarrolle digna y adecuadamente, con las condiciones materiales necesarias para tal efecto. Por ello, el derecho de alimentos no se limita a cubrir la alimentación (entendida como la comida o las provisiones para nutrir a la persona) sino que implica incorporar todos los factores y elementos que tiendan a procurar el desarrollo digno e integral de la niña, niño o adolescente, como lo son: salud, educación, vestido, recreación, atención médica, cuidado, crianza o formación e instrucción y habitación, entre otros, pues la satisfacción del derecho dependerá de las circunstancias fácticas y contextuales de cada caso concreto.
Tratándose de infancias con discapacidad, el rubro de alimentos implica considerar, cuando menos: a) lo necesario para lograr, en la medida de lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo que requieran para su aprendizaje y que favorezca las habilidades; b) los factores que tiendan a procurar el desarrollo digno e integral de las infancias con discapacidad, así como la posibilidad de eliminar o disminuir las diversas barreras del entorno que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas; y c) propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, tomando en cuenta sus condiciones individuales y las medidas especiales o reforzadas de protección que requieren.
En consecuencia, el análisis que realizan las personas juzgadoras sobre el derecho de alimentos debe realizarse desde una perspectiva reforzada de niñez y discapacidad, incorporando las necesidades específicas del menor y el deber de procurar la eliminación de las barreras del entorno que impidan el ejercicio efectivo de sus derechos.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.