Hechos: Una persona promovió amparo indirecto contra el oficio mediante el cual se le negó su contratación al servicio activo de la Secretaría de Marina por no cumplir con el dictamen oftalmológico, derivado de alteraciones visuales, y porque su índice de masa corporal supera los límites permitidos. Estimó que se violan en su perjuicio los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de trabajo. El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio. Contra esa decisión interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Las distinciones basadas en condiciones relacionadas con el índice de masa corporal (sobrepeso y obesidad) constituyen una categoría sospechosa al estar relacionadas con el estado de salud, la apariencia corporal y la condición física de las personas que dan lugar a la estigmatización, a la exclusión y a prácticas discriminatorias.
Justificación: Los padecimientos clínicos conocidos como sobrepeso y obesidad constituyen condiciones relacionadas directamente con el estado de salud, la apariencia corporal y la condición física de las personas, las cuales son estigmatizadas y asociadas con prejuicios sociales, estereotipos negativos y prácticas discriminatorias.
En diversos ámbitos –pronunciamientos de autoridades administrativas mexicanas, desarrollos científicos y médicos de organismos internacionales y profesionales de la salud, doctrina especializada y derecho comparado– se ha reconocido que el sobrepeso y la obesidad, en la realidad social, son causas de discriminación en la medida que generan un impacto social negativo y estructural derivado de tratos diferenciados fundados en características físicas de las personas, particularmente, por el peso corporal. Son condiciones que han dado lugar a la estigmatización, a la exclusión y a desventajas sistemáticas en ámbitos relevantes de la vida social de quienes los sufren.
En ese contexto, deben ser consideradas como categoría sospechosa para efectos de la obligación que tienen las autoridades mexicanas de abstenerse de emitir actos que distingan sin justificación a las personas. Ello, porque si bien no están contenidas en el artículo 1o. constitucional, lo cierto es que sí se encuentran protegidas, en la medida en que son condiciones que atentan contra la dignidad de las personas. Por ende, las autoridades tienen un deber reforzado de justificación cuando introduzcan distinciones por razón del peso, particularmente en relación con los padecimientos conocidos como sobrepeso y obesidad.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.