Aun cuando fuere necesario el registro de los poderes generales otorgados por compañías, la falta de registro no es obstáculo para que el apoderado pueda intentar la acción constitucional, según lo ha sostenido la Suprema Corte, en diversas ejecutorias.

Amparo administrativo en revisión 4548/31. The Texas Company of Mexico, S. A. 6 de junio de 1933. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Daniel V. Valencia.