La apreciación de la pena imponible, para los efectos de la libertad caucional, debe fundarse en los preceptos legales que establecen las sanciones, con respecto al delito que se atribuye el encausado, así como también las que se introducen por algunas modificaciones legales, como el artículo 2o. del Decreto Número Cincuenta de veintisiete de septiembre de mil novecientos treinta, expedido por la Legislatura del Estado de México. En tal virtud, para fijar el cómputo, es obvio que la autoridad debe aplicar todas las disposiciones que establezca la sanción señalada por la ley al delito, sin atribuir a unas el carácter de provisionales (de aplicación exclusiva de los incidentes), y a otras el de definitivas (de aplicación en las sentencias), si la ley no ha establecido tal distinción.

Amparo penal en revisión 3484/31. Santillana Evaristo. 6 de julio de 1933. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente.