Dado que las personas que ejercen cargos directivos en todas las instituciones educativas del país tienen una función social de responsabilidad y relevancia, no es óbice para establecer su proyección pública el hecho de que desempeñen sus funciones en instituciones privadas. Lo anterior es así, pues la impartición de la educación, tanto en el ámbito público como en el privado, es una materia de alta relevancia nacional e internacional, no sólo porque se refiere a la prestación de un servicio público que debe servir a la efectiva garantía de un derecho humano correlativo, sino porque, en sí mismo, dicho servicio público está vinculado de manera incondicional a la búsqueda de diversos objetivos y valores de nuestro sistema constitucional y de la comunidad internacional en su conjunto. Lo anterior no significa que todas las actuaciones que realice una persona que se ostente como directivo de una institución educativa, pública o privada, puedan ser consideradas per se de interés público, pero sí lo serán aquellas actuaciones u omisiones que se relacionen directamente con la prestación de este servicio público.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 4067/2015. Douglas Richard Parnell Naveda. 13 de abril de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Zamir Andrés Fajardo Morales.